En un nuevo capítulo de las tensas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha lanzado una contundente advertencia al gobierno de Nicolás Maduro. Rubio afirmó que si Venezuela no acepta "un flujo constante de vuelos de deportación" de sus ciudadanos desde Estados Unidos, se impondrán "nuevas sanciones severas" contra el régimen venezolano.
Esta declaración se produce en medio de una serie de acciones recientes que han incrementado la tensión entre ambos países. El pasado fin de semana, Estados Unidos deportó a 261 migrantes en dos vuelos que partieron desde Texas hacia El Salvador y Honduras. Entre ellos, 137 venezolanos fueron expulsados bajo la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una legislación que otorga al presidente poderes especiales en tiempos de guerra para expulsar a determinadas nacionalidades.
Los deportados que llegaron a El Salvador fueron encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), acusados de ser miembros de organizaciones criminales como el Tren de Aragua o la Mara Salvatrucha. Este operativo se llevó a cabo en virtud de un acuerdo entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de El Salvador, Nayib Bukele.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respaldó estas acciones al asegurar que la decisión del gobierno estadounidense se basó en "información de inteligencia" proporcionada por las autoridades fronterizas y de inmigración. Leavitt enfatizó que las agencias involucradas están seguras de las identidades de las personas deportadas y de la amenaza que representan para la seguridad nacional.
En respuesta, el presidente Nicolás Maduro anunció que solicitará a Naciones Unidas la activación de mecanismos de protección para los migrantes venezolanos deportados, calificando las acciones de Estados Unidos como una "violación flagrante de sus derechos". Maduro denunció que estos ciudadanos están siendo "secuestrados" y enviados a "campos de concentración" en El Salvador.
Este intercambio de acusaciones y medidas punitivas añade una nueva capa de complejidad a las ya deterioradas relaciones entre Washington y Caracas. La comunidad internacional observa con preocupación cómo estas acciones podrían afectar no solo a los migrantes involucrados, sino también a la estabilidad política y económica de la región.
La pregunta que surge es: ¿hasta dónde llegarán estas tensiones y cuáles serán las consecuencias para ambos países? Mientras Estados Unidos amenaza con nuevas sanciones y Venezuela denuncia violaciones a los derechos humanos, el futuro de las relaciones bilaterales pende de un hilo, dejando en el limbo a miles de migrantes que buscan una vida mejor.
