En octubre de 2024, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció una medida contundente: a partir de marzo de 2025, quedaría prohibida la venta de comida chatarra en todas las escuelas del país, abarcando niveles desde preescolar hasta superior. Esta decisión se fundamentó en la alarmante prevalencia de obesidad infantil en México, donde más de 16 millones de niños y adolescentes presentan sobrepeso u obesidad.
Sin embargo, recientes informes sugieren que la SEP podría estar reconsiderando esta prohibición. Aunque no se han emitido comunicados oficiales al respecto, se especula que las autoridades educativas están evaluando la posibilidad de permitir nuevamente la venta de ciertos productos en las inmediaciones de los planteles escolares.
La medida original de prohibición se basó en datos preocupantes: según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020-2023, 5.7 millones de estudiantes de entre 5 y 11 años, y 10.4 millones de entre 12 y 19 años, enfrentan problemas de obesidad y sobrepeso. Estos números reflejan una crisis de salud pública que las autoridades intentaban abordar mediante la eliminación de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas en las escuelas.
Además de la prohibición, la SEP había delineado estrategias complementarias, como la instalación de bebederos para fomentar el consumo de agua natural y la capacitación de responsables de cooperativas escolares en la preparación y venta de alimentos saludables.
La posible marcha atrás en esta política ha generado diversas reacciones. Mientras algunos sectores argumentan que la prohibición afecta económicamente a pequeños comerciantes y limita las opciones alimenticias de los estudiantes, expertos en salud pública advierten sobre los riesgos de revertir una medida diseñada para combatir la obesidad infantil.
Es esencial que la SEP aclare su postura y, en caso de considerar modificaciones a la política original, se realicen consultas con especialistas en nutrición, padres de familia y otros actores relevantes. La salud de millones de estudiantes está en juego, y cualquier decisión al respecto debe priorizar su bienestar y desarrollo integral.
